Con la ley que redujo la velocidad urbana de 60 a 50 km/h y la futura entrada en vigencia de la normativa de Convivencia Vial -el 11 de noviembre-, las autoridades han puesto sus esfuerzos en bajar el número de accidentes de tránsito, que el año pasado llegó a 94.879.

Para potenciar ambas regulaciones, el Gobierno espera que pronto sea despachado de la Cámara el proyecto que crea un Centro de Control Automático de Infracciones (CATI), una red de fotorradares.

Se trata de una iniciativa que considera un gasto estatal de $9.598 millones anuales en régimen, pero que, según Hacienda, significa un mayor ingreso fiscal. Esto, porque para el año en que esté en régimen el centro -que podría ser 2024, si se pone en marcha en 2019-, los ingresos serían de $91.074 millones -unos US$ 136 millones-, según el informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos (Dipres).

De esa cifra, $54.433 millones irían a la Tesorería General de la República, $9.606 millones, al Fondo Común Municipal, y los restantes $27.035 millones -por concepto de pago no anticipado- también ingresarían a ese fondo.

La ministra de Transportes, Gloria Hutt, advierte que la iniciativa busca «salvar vidas por medio de la prevención y educación, y por eso los dispositivos serán informados clara y transparentemente a la ciudadanía».

Alberto Escobar, gerente del Automóvil Club, apunta que hoy «solo se fiscaliza el 7% de las infracciones, por lo que el número de infracciones con este centro se condice con la realidad de las faltas que se cometen». Agrega que pese al altísimo número de infracciones que se cursarán, el sistema intenta «cambiar conductas para reducir las faltas y con eso mejorar la convivencia vial«.

(vía El Mercurio)